Foto Bernardo Caamal Itzá / Empleados de CDI Peto que fueron despedidos y están inconformes por el proceso irregular
Trabajadores de Peto despedidos sorpresivamente por la CDI Yucatán denuncian el arbitrario proceso en que fueron separados de su cargo, y señalan que el delegado estatal, Jesús Carlos Vidal Peniche, ignora las leyes de operación de la institución que dirige.
Su despido, explican, ocurrió después de una maratónica “supervisión hecha del 29 de mayo al 2 de junio”, durante la cual “visitaron aproximadamente 88 proyectos financiadas en los años 2014, 2015 y 2016”, y además de siete casas de niño indígena”.
Según los inconformes, quienes prometieron resistir y luchar para que sean reinstalados en sus puestos, tras la supervisión recibieron elogios verbalmente (ningún documento) pero una semana después, el 9 de junio, los recibieron con la sorpresa de que firmen sus despidos.
Aclararon que respondieron punto por punto a todas las acusaciones de negligencia y dejaron en claro que las capacitaciones de 2016 –de las cuales se les acusa no haber hecho– claramente la reglas de operaciones indican que corresponden a la delegación estatal.
A continuación el boletín íntegro de los trabajadores que fueron cesados recientemente por el delegado de la CDI, Jesús Vidal Peniche.
“Los que suscriben Ing. Isaías Marcial Pérez, MVZ Emilio de Jesús Kú Puch, Prof. Wilbert Efraín Can Acevedo y Prof. Miguel Angel Yupit Martin, todos ellos personal de base con una antigüedad de 28, 26, 23 y 9 años de servicio en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), respectivamente manifestamos nuestra inconformidad por el despido injustificado y el procedimiento que se realizó el día viernes 9 de junio del año en curso, por el personal de oficinas centrales encabezados por el coordinador general de delegaciones, Ing. Carlos Trejo Carpio, Simón Carbajal del área de Finanzas y personal del área Jurídica y en contubernio con el delegado Estatal Lic. Jesús Carlos Vidal Peniche y el Subdelegado Gilberto Navarrete Correa; el Administrador Coordinador, Pedro Pablo Orilla Zapata y la C. Rosa Elena Uc Polanco, del área jurídica, y el encargado del Centro Coordinador, Lic. José Luis Narváez Castro quien nos informó de que el delegado estará en el centro Coordinador para una reunión.
Su objetivo es levantar acta administrativa e informándonos en forma verbal una comparecencia y descarga de hechos; de una supervisión hecha del 29 de mayo al 2 de junio de los corrientes de los cuales visitaron aproximadamente 88 proyectos financiadas en los años 2014, 2015 y 2016 y 7 casas de niño indígena; se levantaron minutas de supervisión de los cuales asistimos en compañía del personal técnico de oficinas centrales quienes documentaron el trabajo en minutas de supervisión, el ejercicio de los recursos federales a los grupos del área de influencia del centro coordinador, dicha documentación no dejaron copia en la unidad operativa ni con las organizaciones visitadas, y de forma verbal los supervisores manifestaron en forma satisfactoria el trabajo realizado por el personal técnico del centro coordinador del cual somos parte.
Sin embargo, al comparecer el viernes 9 de los corrientes, sin notificación previa nos acusan de falta de seguimiento a los proyectos; falta de integración de relatorías de capacitación a expedientes; anexos técnicos que no concuerdan con las comprobaciones de los proyectos; integración inadecuada de los expedientes de los proyectos y la falta de capacitación en el 2016. Ante tales situaciones respondimos a todos los cuestionamientos que rigen y con base a las reglas de operación de los años 2014, 2015, y 2016, y el subdelegado obstaculiza la presentación del oficio No. 201 de la dirección girado por el centro Coordinador a la Delegación estatal “que la capacitación 2016 es competencia de la delegación estatal” y a su vez firmar convenios con instancias educativas; sin tomar en cuenta las declaraciones y las razones, siendo juez y parte, el delegado presenta oficio de despido con el fundamento de pérdida de confianza y la recisión laboral de nosotros a partir del día 9 de junio de 2017. Por negarnos a firmar el acta administrativa y el oficio recisión firmado por el delegado estatal no se nos entregó el documento y en forma verbal le informa al encargado del centro coordinador que ya no laboraremos en este centro coordinador.
Sorpresa es para nosotros que hemos estado al servicio de las comunidades indígenas y gente de oficinas centrales sin conocer los resultados veraces de las visitas de supervisión y un delegado que no conoce las reglas de operación de los programas de la CDI actúe pisoteando nuestros derechos y actuando con prepotencia sin documentación o notificación al trabajador, como son notas de extrañamiento, llamada de atención de acuerdo a la gravedad de incumplimiento, como se contempla en el contrato colectivo en el capítulo décimo cláusula 86 fracciones I, II, III,IV, y V del contrato colectivo de los trabajadores indigenistas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Hacemos un llamado a la directora nacional de la CDI, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, para que tome cartas en el asunto por este despido arbitrario e injustificado.
Lucharemos por la reinstalación a nuestros puestos porque tenemos la razón y es una injusticia lo que se está haciendo gente como el delegado estatal quien no conoce las reglas de operación aprobadas por la federación, que ni se preocupa por gestionar unidades vehiculares en buen estado y recursos para combustible y luego se preste a estas arbitrariedades”
