Por JESÚS SOLÍS Alpuche, activista y periodista
Foto Pedro Uc Be / En muchos lugares de la Península los ejidatarios trabajan para defender su tierra, como estos de Bacalar
MÉRIDA, YUC, 19 DE NOVIEMBRE.– ¡Increíble! El fin de la semana pasada la representación ejidal en Hunucmá publicó dos convocatorias para Asamblea General el 20 de noviembre. Fuera de toda lógica legal, el Consejo de Vigilancia, que preside Jorge Alonzo Ek, publicó para esa fecha convocatoria alternativa a la publicada por el presidente del Comisariado Pedro Tzuc Zetina, quien firma a solicitud de 350 asociados al ejido, su propia remoción en conjunto con el asesor oficial del comisariado Rafael Acosta y dar paso a nuevas elecciones.
Lo que subyace en la lógica del actual comisario es liberarse del asesor Rafael Acosta Solís nombrado por la anterior administración y, de camino del Consejo de Vigilancia, que pretende o aparenta lo mismo en su Convocatoria con la actual presidencia del mismo comisariado, contra quien se ha dejado correr el rumor que ha recibido un millón de pesos por venta de tierras (mismas que probablemente ya fueron vendidas por el comisario anterior asesorado por Rafael Acosta) que tiene nombramiento oficial para operar por el ejido de Hunucmá y otros ejidos, en donde el tráfico de tierras es lamentable. Por lo que la pugna se extiende a dos grupos interesados en el tráfico los de Antonio Casio Gonzáles y Manuel Enrique Molina y Armando Cevallos con Jacinto Worbis Alonso. Detrás de estos se encuentra miembros de la clase política como Ramírez Marín, Mauricio Sahuí, Ivonne Ortega y otros que usan prestanombres y financian las asambleas en las que los ejidatarios incluso se lían a golpes por los centavos que les reparten para legalizarlas con sus firmas.
Los gobiernos mexicanos nunca promovieron la educación e información sobre la defensa de los derechos laborales y humanos entre los trabajadores. Y menos la defensa de los derechos agrarios y territoriales como patrimonio de los pueblos originales. Así, Carlos Salinas en la presidencia y Víctor Cervera en la reforma Agraria, fácilmente impusieron al obediente Congreso de mayoría (PRI/PAN) las primeras reformas estructurales, impuestas por Estados Unidos, como condición para firmar el TLC.
El derecho que el Estado mexicano le garantiza en el Art. 27 Constitucional, en materia agraria, publicadas el 26 de febrero de 1992 en el Diario Oficial, fue mutilado por medio de la Certificación Ejidal (Procede) que es la flexibilización legal para la privatización de las tierras, que dejó, a más de 100 mil ejidatarios yucatecos sin derechos a la Ley de Crédito Ejidal, y más de 30 mil sin pensiones y servicios médicos en el IMSS. Y hoy es la causa de serias confrontaciones entre campesinos y traficantes de derechos, por la mina de oro que renta la privatización de las tierras
En este proceso de reformas al Art. 27 Constitucional, que legaliza la privatización, de la propiedad ejidal, el 6 de enero de 1992, hasta ese día derecho inalienable, inembargable e “imprescriptible”, nace la Procuraduría Agraria, cuya procuración real es legalizar la prescripción del derecho inalienable, para la privatización de más de 29, 440 ejidos de toda la República con más de 100 millones 300 mil hectáreas de tierras y territorios que deben pasar, de acuerdo con el modelo de país que Salinas y Cervera iniciaron en México, a manos de particulares.
En su boletín Núm. 078 del 5 de junio de 2012, la Sedatu dice que en Yucatán el 57 % de la tierra es propiedad social. “Existen 738 ejidos o núcleos agrarios, con una superficie en Yucatán de 2 millones 235 mil 906 hectáreas y 128, 040 campesinos con derechos agrarios de los cuales el 12 % son mujeres y el 88 % hombres. El ejido de Kinchil cuent 21 mil hectáreas. Estadísticas del Registro Agrario Nacional (RAN) indican que en los ejidos de Yucatán hay 128 mil 40 sujetos agrarios, lo que equivale al 6.9 por ciento de la población total del estado que es de un millón 955 mil 577 personas”. Entonces si el 57 % de la tierra pertenece a menos del 7 % de la población, a un neoliberal no le cabe en la lógica más que quitársela, en lugar de rentársela o asociarse con los propietarios, como se proclamaba antes de la reforma de enero de 1992.
¿Cómo se haría esto? El Art. 56 de la ley agraria que nace con las reformas salinistas-cerveristas y su reglamento en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares dieron vida a este Programa (Procede) para que se hicieran los cambios legales en ejidos y comunidades para asegurar la privatización parcial, o total de los 100 millones 300 mil hectáreas de tierras de todo el país, legalmente en manos de de 29, 440 ejidos en todo el país y más de 2 millones de hectáreas de tierras en Yucatán en manos de más de 128 mil campesinos, a quienes se les está quitando como quitarle un dulce a un niño.
Hunucmá desde el régimen de Patricio Patrón vivió las experiencias del tráfico de sus territorios ejidales asesorado por el visitador agrario Miguel Pérez y la familia de Antonino Almazán Arteaga, con quienes traficaron más de dos mil hectáreas del ejido de Texán, que recientemente en lo oscurito el gobernador Zapata Bello le dio 330 hectáreas a la empresa cervecera Modelo. Incluso del mismo ejido de Hunucmá desde 1996 decretaron el ejido de la exhacienda de Hulilá, que ocasionó importante lucha de los grupos posesionados en ese terreno, que por fin han logrado una pre-sentencia del Tribunal Agrario a su favor y en vías de la recuperación legal.
El grave problema en el manejo de la transferencia de derechos ejidales, que es como eufemísticamente se le llama a la venta de tierras, es que son reducidos grupos de priistas, manejados por la CNC, que sin compasión por los derechos agrarios, y menos por los derechos indígenas del pueblo maya, a base de mentiras, acarreos y migajas, legalizan operaciones que se vuelven conflictos por falta de información conforme a derecho.
Cuando el presidente Cárdenas hizo realidad el Reparto Agrario, de acuerdo con la Ley del 6 de enero de 1915, eran acuerdos internacionales que le garantizaban a los pueblos originales la propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible de la parte de la nación que les correspondía. Pero el proyecto de globalización económica de fines de siglo, hasta ahora, ha destrozado el espíritu de la Constitución de 1917 que en su Art. 39 que hace recaer la Soberanía de la Nación en el Pueblo, e instituye el poder para su beneficio, mismo que tiene derecho de modificar todo el tiempo (no solo en elecciones)
El art. 128 Constitucional dice que todo funcionario público sin excepción antes de tomar posesión protestará guardar la Constitución y las leyes de que de esta amanan. Salinas de Gortari y todos sus predecesores que destrozan la ley deben ser castigados.
Y por último: El art. 136 de la misma Carta Magna dice que nuestra Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun por alguna causa se interrumpa su observancia… Tan pueblo como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, los que la violenten serán juzgados… [email protected]
