Por Pedro Uc Be, poeta y activista social maya
Fotos de Haizel de la Cruz
Cada vez mayor número de ejidatarios cobran interés en la protección de sus tierras
Buctzotz, 30 de abril (Por Pedro Uc Be).– La escuela básica y la de adultos (INEA) hacían muy bien su trabajo: con gran velocidad arrebataron la lengua maya en los niños y en los adultos a cambio de un certificado de primaria; el bilingüismo (maya-español) ha sido usado como una herramienta para transitar al castellano y abandonar la lengua maya; han sido muchos y grandes los logros de este sistema. Sin embargo, se les atravesó el 92 y el 94 que provocaron el 2001, es decir, los acuerdos de San Andrés Larráinzar incrustados (aunque mutilado) en el artículo segundo Constitucional.
Desde entonces el poder colonial no ha dejado de elaborar estrategias para afinar su puntería de tal manera que no se le escape el histórico jugoso negocio de los indios. Han creado figuras como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA) donde se gobierna y dirige por no indígenas y se proyectan actividades asistencialistas para el control de los indios reducidos, estos “indios que trabajan de indios” como bien lo ha definido Melina Sánchez, estos de quien Vicente Guerrero González dice:
“Ese comportamiento que es el síndrome del capataz, aquellos que salieron del grupo, les hicieron creer que son distintos y mejores que los demás; entonces su discurso es que no te mejoras porque no quieres. Son los defensores más tenaces del patrón. El capataz garantiza que la justicia se aplique conforme a los intereses del patrón…”
El proyecto que estos dos organismos están aplicando ahora lo pusieron en marcha en febrero del 2014 cuando contratan a personal de la UADY para realizar el levantamiento del registro estatal de comunidades mayas en el Estado, esto es con el fin de despojar a muchas comunidades mayas de su propia identidad y convertirlos en ciudadanos sin la posibilidad de contar con sus derechos colectivos consagrados en el artículo segundo Constitucional. O sea, a la llegada de las empresas con sus megaproyectos eólicos y fotovoltaicos. Podrán despojar a los pueblos de sus territorios sin que puedan ampararse con los derechos colectivos en virtud a que han sido despojados de su identidad al no aparecer en el registro oficial; entonces la fórmula es “te despojo de tu identidad luego te despojo de tu territorio y finalmente te despojo de tu cultura y de tu vida”.
Esta estrategia ha dividido al pueblo maya: hay muchos que están contentos con el financiamiento de sus pequeños proyectos asistencialistas de producción que les gestiona y subvenciona la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente (SEDUMA), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) la The Nature Conservancy (TNC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con su famoso Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos, que quizá es más riesgo que programa. Muchos hermanos mayas no han logrado descubrir lo que hay de tras de estos programas asistencialistas que no toca lo fundamental como es la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
Frente a la protesta de algunos miembros de la comunidad maya como San José Tipceh y Ebtún debido al despojo de su territorio por las empresas energéticas, se han implementado medidas que reclaman el derecho colectivo según el convenio 169 de la OIT y el segundo Constitucional, entre los cuáles, el derecho a la Consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada; en estos espacios banalizados y trivializados por quienes lo dirigen, tanto la CDI como el INDEMAYA han actuado como empleados de las empresas acallando la voz de los mayas inconformes, que se niegan a ceder sus tierras, entonces siembran divisiones en la comunidad para enfrentarlos hasta el punto de la amenaza y agresión en contra de quienes protestan y manifiestan su inconformidad por sus arbitrariedades. Uno de los ruidos que hacen correr es que esos pueblos noson indígenas porque no están registrados en el padrón que ellos han levantado; es decir, el que protesta contra ellos no es indio, solo aquel que les dice si y sólo si, si les firma hojas en blanco o textos en letras pequeñas con un castellano técnico que el mayahablante no entiende como consta en los contratos que manejan.
Ejidatarios escuchando a Pedro Uc, en una reunión vecinas sobre la propiedad de las tierras
También los jueces, cuando reciben los amparos en contra de estos abusos, solicitan al demandante algún documento que pruebe su identidad cultural, curiosamente eso nadie lo expide, menos la CDI y el INDEMAYA. Entonces la demanda se desecha por este detalle pues no se logra demostrar eso que llaman “interés jurídico ni legítimo”. La burla de estos dos organismos colonizadores lo sufrimos en cada uno de sus eventos cursis que organizan para decir en voz muy alta que “los mayas tienen garantizado su acceso a la justicia”, como ha dicho recientemente Rosario Cetina, directora del INDEMAYA.
En el sur del Estado, en esa zona que ya se va conociendo como la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), se va preparando una red para atrapar indios que habitan en cinco municipios que son Muna, Santa Elena, Ticul, Oxcutzcab y Tekax por medio de la elaboración de un protocolo financiado por la GIZ gestionado por la SEDUMA; este reglamento habla de conformar un consejo indígena desde esta Reserva Biocultural que diseñe y gobierne la forma de vida de las comunidades mayas que lo integran. No está limitado a los municipios mencionados, más bien, pueden incluirse otros como ha sido el caso de Peto, Chacsinkin y Huechenbalam; todo esto ante la mirada complaciente de la SEDUMA aplicada por la JIBIOPUUC, estos mayas de la llamada gobernanza les han regalado unos fogones y los organizan para recoger todos los botes de plásticos de productos agroquímicos que tiran las empresas, son envases que usan para fumigar sus cultivos de soya entre otros; algunos indios tienen más suerte, reciben un vehículo y un chofer de la SEDUMA para transportarse al lugar donde hacen su feria de la semillas; todas estas actividades no solo le son permitidas sino hasta les son financiadas, pero no pueden luchar contra la invasión de las empresas que ocupan su territorio y menos convertirse en sujetos de derecho que implique su autonomía y autodeterminación como pueblo maya.
Los mayas inconformes y denunciantes de esta estrategia de colonización somos señalados como radicales, han negado nuestra identidad, no aparecemos en los registros oficiales que la UADY hizo el favor de levantar; según estos ts’uulessomos una falsa resistencia desagradecidos con el desarrollo sustentable de la Península de Yucatán.– Por P.U.B. Mérida, 30 de abril de 2018.
