Vecinos de Homún en el referéndum organizado en octubre pasado sobre si se construye o no la granja. La respuesta fue no.
Mériéda, 9 de mayo (Mayapolitikon).– El agua es indispensable para la vida y como tal tiene prioridad sobre “cualquier proyecto económico”, de modo que “el Estado debe garantizar su debida protección”, concluyeron el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UADY y la Fundación para el Debido Proceso, en un documento de 29 páginas que dirigen al tribunal colegiado que atiende el recurso de amparo de los mayas contra la megagranja de 45 mil cerdos que se construye en Homún, y que arruinará las aguas de los cenotes.
El interés del Centro de Derechos y de la Fundación al dirigirse al H. Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito con residencia en Mérida, explica,radica en dos motivaciones: en la enorme repercusión que tiene en el ejercicio de los distintos derechos humanos de la población maya de Homún (y de la población general de de Yucatán); así como que este H. Tribunal “se encuentra en la oportunidad de establecer importantes precedentes para esclarecer cuál es el papel de los operadores de justicia al momento de resolver casos relacionados con el derecho al medio ambiente”.
En una larga exposición de ejemplos de resoluciones y fallos en el ámbito internacional y algunos en el ámbito nacional, los expertos asentaron la relevancia que tiene hoy día la relación entre medio ambiente y derechos humanos. De ahí la necesidad de respetar de que el medio ambiente también debe considerarse entre los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana.
Se trata, dice, “de proteger la naturaleza no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano, sino por la importancia para los demás organismos vivos con quienes comparte el planeta, también merecedores de protección”
En este contexto, los expertos de la UADY y de la Fundación analizaron y objetaron cuatro puntos relevantes en la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán (en el expediente 1389/2017: 1) respecto a los conceptos de interés legítimo e interés jurídico, y sus alcances; 2) al análisis de requisitos de forma y fondo en la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán y su Reglamento, a la luz de los estándares internacionales en la materia; 3) respecto al principio precautorio como componente del derecho humano al medio ambiente y4) respecto a la carga de la prueba en casos relacionados al derecho humano al medio ambiente.
En cada punto, los expertos responden y libran de carga a los demandantes, los mayas de Homún, y señalan contundentemente la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de cada uno de los requisitos.
En el documento, emitido el 2 de mayo pasado, el Centro de Derechos Humanos y la Fundación advierten que “miran con preocupación la posibilidad de que una visión errónea sobre el desarrollo económico pretenda apostar por el derecho al medio ambiente de las generaciones presentes y futuras”
Y agrega que “es posible implementar alternativas económicas que no impliquen sacrificar las fuentes ecológicas más indispensables para la vida en nuestra región”.
Performance ante las oficinas de Seduma
El Estado Mexicano en su conjunto –a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- está obligado internacionalmente a garantizar que el anillo de cenotes (donde se encuentra Homún) sea preservado con los estándares más altos de protección, incluyendo el principio precautorio. Solo así podrá ser tomada y aplicada en serio la tan celebrada reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos del año 2011, asentó el documento.
La empresa Producción Alimentaria Porcícola SPR de RL de CV (PAPO), firma donde presuntamente participan inversionistas del grupo de comunicación Sipse, trabaja en la construcción de una megagranja de 45 mil cerdos en la población de Homún, poniendo en riesgo las aguas de los (ts’ono’ot) cenotes de la región.
El proyecto, no obstante, no parece detenerse a pesar de las medidas legales adoptadas por lo vecinos de Homún organizados en los Guardianes de los cenotes, y el secretario de la Seduma ha declarado recientemente que la construcción de la granja sigue en marcha
En la Península de Yucatán, la zona de los acuíferos subterráneos es una de las reservas de agua más importante en el país y es la principal fuente de abastecimiento para diversas actividades humanas, ya que es la única fuente de agua dulce en la región, según el mismo documento.
El Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, creada en 2014, es una institución académica con sede en Mérida; La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina.
