Celestún se alza contra una mafia que despoja de terrenos y los vende

Mérida, Yucatán, 20 de mayo de 2017 (Mayapolitikon).– La noche del viernes 19 de mayo los habitantes de Celestún mostraron, una vez más, que no son sumisos sino de armas tomar, que son decididos, pues por segunda noche consecutiva se concentraron en Palacio y a gritos exigieron al dos veces alcalde Leonel Rosado Mena (PRI) que informe de los terrenos que se apropió despojando a vecinos y, sobre todo, de un lote de playa de 50,000 metros cuadrados ubicado cerca de la casa del mismo Rosado Mena y que, según el edil, su antecesora, la también priista Rosa Alba Acosta Narváez, regaló a la empresa  Uredi, con sede en Mérida.

Luego que en la noche del jueves unos 200 celestunenses acudieron a pedirle cuentas al alcalde, el viernes se reunieron varias centenas, unos mil según algunos y, de acuerdo con vídeos anónimos diseminados en las redes sociales, los enardecidos vecinos pasaron de los gritos a tomar de la playera a Leonel Rosado debido a que, se dice, se atrevió a agredió a una mujer que le recriminaba por los despojos de tierras.

Leonel Rosado terminó con la playera rota nada más (sus colaboradores hicieron bien el papel de guardaespaldas) y poco después llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, en varias patrullas, y lanzaron gases lacrimógenos para “disque rescatar” al alcalde, a quien sacaron del puerto, donde corre la versión de que se lo llevaron a Mérida para una “reunión urgente” en Palacio de Gobierno. Poco después, de acuerdo con más vídeos que circulan en internet, a toda velocidad entró a Celestún un convoy de patrullas de la SSP, que recorrió la avenida principal y estacionó junto a las demás a un costado del Palacio, donde la multitud de vecinos seguía ocupando el corredor y parte de la explanada, pese a los primeros gases lacrimógenos. Al ver llegar a los antimotines, varias mujeres con hijos en las manos se retiraron de los bajos del Palacio  y numerosos vecinos se apostaron frente a los policías y comenzaron a arrojar bicicletas y piedras contra ellos. Incluso volcaron patrullas.

Protestan en Celestún

Protestan en Celestún

La SSP entonces recurrió al arma química, granadas de gases lacrimógenos, para reprimir a la gente enardecida por los despojos de terrenos, el monopolio de los apoyos de gobierno que atribuyen al alcalde y sus allegados y la falta de obras de beneficio para la comunidad.

Los vídeos muestran a policías sometiendo a golpes a celestunenses en un parque infantil y también a vecinos replegados detrás de muros y tirando objetos a la única entrada para evitar el paso de los agentes.

Celestunenses usuarios de las redes sociales, al escribir comentarios en los vídeos, aseguraron que los policías incluso dispararon armas de fuego, que “hay muertos” y que se llevaron detenidos –y golpeados- incluidos a menores de edad.

Con la represión, la SSP abolló una vez más su polémico programa Escudo Yucatán, presentado con bombo y platillo el 30 de marzo de 2016 para disponer de 1,500 millones que el Estado cobró por adelantado y ya no recibirá durante 12 años.

Pese a que hubo no sólo detenidos sino también lesionados, ni en la mañana ni del sábado 20 de mayo la SSP no informó de los hechos ocurridos en Celestún desde la noche del viernes 19… al menos en sus cuentas de Facebook y Twitter.

En el nuevo conflicto de tierras figura Uredi, la misma constructora que en abril de 2017 fue acusada por vecinos de Dzilam de Bravo de vender terrenos de playa que, al igual que en Celestún, recibió como “donación a título gratuito”.

En Dzilam el modus operandi fue igual que en Celestún, pues los vecinos denunciaron que el alcalde 2012-2015, el también priista Pedro Castillo Reyes, despojó a habitantes del puerto y luego regaló los terrenos, aduciendo que son tierras de fundo legal, a Uredi, que a su vez los vendió.

En ese puerto el conflicto estalló el 9 de abril cuando un particular comenzó a bardear el predio de playa de Gregorio Córdova porque, dijo, lo compró en $250,000 a Uredi. Temerosos de que sus terrenos también sean bardeados, unos 100 vecinos se concentraron ante el Palacio el 11 de abril y le recriminaron al alcalde 2015-2018, el también priista Julio Abraham Villanueva Rivero, quien un día después paró la construcción de la barda en el terreno, de 20 metros de playa, en la salida de Dzilam hacia San Crisanto.

En Yucatán por doquier se multiplican las denuncias por los despojos de tierras. Las quejas de ejidatarios de Chocholá, Hunucmá, Kinchil… y de habitantes  de puertos llegan a los medios de comunicación, las fiscalías y la Procuraduría Agraria,  pero de ahí no pasan.

Este año cobró fuerza, en los medios de comunicación, las denuncias de que en Yucatán opera una mafia de funcionarios de gobiernos priistas, escribanos y notarios que trafica terrenos que quita a la gente y legaliza y consuma los despojos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice que es un caso de delito federal de delincuencia organizada.

En el caso de Celestún, puerto de 6,831 habitantes según el Inegi,  el alcalde mostró el jueves a los vecinos inconformes una “escritura” que su antecesora Rosa Acosta fue a hacer ante un escribano de Ucú en 2014 para donar el lote de 50,000 metros cuadrados a la orilla del mar a Uredi.

Pero los celestunenses regresaron el viernes al Palacio y en mayor número a pedir cuentas al alcalde y los ánimos de desbordaron.

No es la primera vez que los celestunenses ejercen su derecho a manifestarse y exigir cuentas. Por ejemplo, en junio de 2016 durante cuatro horas bloquearon el puente de entrada del puerto para exigir que se expulse  a pescadores campechanos que depredaban el pulpo y el pepino de mar y tiraban cloro y ácido a las cuevas para arrasar hasta los pulpitos. En esa ocasión, al alcalde Leonel Rosado le exigieron que cumpliera el acuerdo de expulsar a los depredadores foráneos.

Los lancheros que ofrecen paseos a turistas también han bloqueado la entrada de Celestún en demanda de que Cultur les apoye. Tras varias protestas, al final, lograron que les condonen la deuda por motores de lanchas y, además, que les entreguen unos nuevos.

Ahora falta ver en qué acabará el conflicto por los despojos de terrenos.

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