Joven ingeniero recién egresado del ITA de Conkal limpiando a mano cultivos de estevia
Bacalar, Quintana Roo, 4 de mayo de 2017.– “Pocas cosas nos harían más felices a quienes llevamos años luchando para que se cancele el permiso otorgado a Monsanto, pero la noticia del decreto que prepara el gobierno de Quintana Roo para declarar al estado “libre de transgénicos en menos de un mes” es sólo una simulación más, carece de sustento legal y es una imitación de la estrategia que usó el gobierno de Yucatán para desactivar las luchas contra los transgénicos, afirmaron en un comunicado organizaciones campesinas de Quintana Roo.
El problema de fondo es que la legislación respecto al tema de transgénicos es la Ley de bioseguridad (llamada “La ley Monsanto”, por su tendencia a favorecer a dicha empresa). En esa ley se establece que las Zonas Libres de Transgénicos sólo pueden ser decretadas por las instancias federales competentes: es decir, en este caso la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que irónicamente es la misma instancia que otorgó el permiso a Monsanto y que está defendiéndolo contra las comunidades demandantes, subrayan el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Colectivo de Semillas Nativas Much’ Kanan I’inaj, Educación, Cultura y Ecología A.C y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
En consecuencia, “los llamados decretos de zonas libres de transgénicos promovidos por los gobiernos estatales de la península no son otra cosa que un engaño a la ciudadanía y una muy buena estrategia para desmovilizar la organización de la lucha, y de paso hacerse de capital político en tiempos pre-electorales”, denuncian.
En octubre del 2016 –recuerdan–, el gobierno del estado de Yucatán emitió un decreto similar al que ahora se pretende hacer en Quintana Roo y dicho decreto fue impugnado en diciembre y llevado por la Presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiéndole a los ministros su anulación, ya que el gobernador Rolando Zapata Bello, el secretario de medio ambiente y demás instancias estatales invadieron atribuciones que no les corresponden.
“A nosotros no nos engañan, sabemos que con sólo decir que Yucatán o Quintana Roo son libres de transgénicos no basta, no basta mientras no se cancele el permiso federal que la Sagarpa otorgó a Monsanto para sembrar su soya transgénica por tiempo indefinido y porque, a pesar de nuestros intentos por impugnar la Ley de bioseguridad, ésta sigue vigente.”
“Lamentamos enormemente que los gobiernos no tengan otra cosa para ofrecernos que estas simulaciones con las que intentan hacerse pasar como amigos del pueblo maya, de las organizaciones, los apicultores y milperos, cuando son ellos mismos los que firman acuerdos y más acuerdos para dejar entrar a las empresas ‘verdes’ nuestros territorios sin tomar nunca en cuenta las gravísimas afectaciones, tanto ambientales como sociales que traen consigo los proyectos agroindustriales y de supuesta sustentabilidad.
“Denunciamos que el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los tres gobernadores de la península y los respectivos secretarios de medio ambiente en diciembre de 2016, no es otra cosa que un instrumento a través del cual los gobiernos ponen en oferta el territorio maya para las empresas ‘verdes’ y de ‘energías limpias’, eólicas y de paneles solares que también pretenden deforestar miles y miles de hectáreas y despojar a los pueblos; ese acuerdo no es otra cosa que un mecanismo que legaliza y profundizará el despojo a las comunidades.
Nuestra postura en contra de los proyectos que dañan nuestro territorio sigue siendo firme. Nosotros estamos diciendo NO a las semillas transgénicas de todo tipo, pero también NO a los monocultivos como la palma africana, NO a los modelos de mercantilización de la naturaleza como el REDD+, NO a la contaminación de nuestras aguas, tierra, aire, semillas, que ponen en riesgo la salud de nuestros pueblos y NO a la devastación masiva de selva, plantas y animales en el territorio maya.
“Si los gobiernos estatales de verdad quieren ayudar al pueblo y al territorio maya, tendrán que hacer más que ese decreto que en realidad no sirve por no tener fundamento legal. Si es cierto que están del lado de los apicultores y campesinos, tendrán que deshacer lo que empezaron en diciembre con la firma del ASPY. Porque lo que amenaza la vida de las comunidades de la península no sólo es la siembra de las semillas transgénicas, sino todos los proyectos que atentan contra la biodiversidad y los trabajos milenarios como la apicultura y las milpas tradicionales, poniendo en riesgo nuestras formas tradicionales de vivir como pueblo originario”, señalan las organizaciones en un comunicado emitido este jueves 4 de mayo.
