Una jueza federal cobija a mayas de Yucatán contra un tribunal agrario

Asesoría legal es lo que hace falta a los ejidatarios, que muchas veces quedan a manos del “visitador agrario" que está a servicio de los empresarios especuladores de tierras

Un juzgado federal concedió a ejidatarios mayas  de Yucatán la suspensión provisional del requerimiento de un magistrado agrario de que comprueben que son indígenas, ya que la exigencia viola claramente un derecho consagrado en la Constitución.

Todo apunta que en la audiencia incidental programada para el 13 de marzo de 2019, a las 9:35 horas, la jueza encargada, Míriam de Jesús Cámara Patrón, concederá la suspensión definitiva del acto reclamado.

Se trata de los ejidatarios mayas de San José Tipceh, comisaría de Muna, quienes el 25 de febrero pasado, durante una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, en Mérida, el magistrado a cargo, Antonio Luis Betancourt Sánchez, requirió a los hoy quejosos “exhiban constancias con las que demuestren pertenecer a la comunidad indígena maya”.

UN INTÉRPRETE QUE HABLE MAYA Y ESPAÑOL

El requerimiento del magistrado Betancourt Sánchez nació a raíz de que al iniciarse la audiencia, programada desde el 10 de diciembre de 2018, los quejosos solicitaron la presencia de un intérprete que hable maya y español, puesto que son mayahablantes, y que aunque hablan español, se sienten más seguros cuando hablan en su propia lengua.

Los ejidatarios se encaminan solos con una asesoría legal básica sobre sus derechos

Según el juicio de amparo promovido el 7 de marzo en el juzgado de distrito del décimocuarto circuito, en Mérida, los quejosos señalaron haber sido vulnerados sus derechos consagrados en los artículos 1 y 2 de la Constitución, así como en los artículos 1 y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El juzgado, que en un documento les dio  la razón a los quejosos, recordó que “resulta improcedente solicitar peritajes antropológicos o culturales para ‘demostrar’ que una persona es o no indígena, bastando con su autoidentificación o autoadscripción para considerarla como tal.”

NO TIENEN QUE CUMPLIR AL MAGISTRADO

Por tanto, los ejidatarios de San José Tipceh, Muna, “no tienen necesidad de cumplir con el requerimiento decretado por el magistrado [Betancourt Sánchez], en virtud que ellos mismos se determinaron pertenecientes a la comunidad indígena maya, como marca el principio de autoadscripción”, indicó el juzgado.

–Conforme al artículo 2° de la Carta Magna del país, “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, y con base en ello [… ] se determina que es derecho y responsabilidad de los pueblos y personas indígenas definir su pertenencia a estas colectividades y no una prerrogativa del Estado; y consistente con este principio el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, señala en su artículo 2° que son los propios indígenas quienes tienen el derecho de autoidentificarse como tales –precisa.

ANTECEDENTES: SAN JOSÉ TIPCEH

El juicio de amparo es un episodio más del juicio agrario promovido por ejidatarios de San José Tipceh, Muna, el 10 de diciembre de 2018 (juicio 1590/2018), en la defensa y protección de los derechos colectivos de sus tierras y territorio como pueblo indígena.

El juzgado les dio la razón a los quejosos y recordó que “resulta improcedente solicitar peritajes antropológicos o culturales para 'demostrar' que una persona es o no indígena, bastando con su autoidentificación o autoadscripción para considerarla como tal.” En consecuencia, los ejidatarios de San José Tipceh “no tienen necesidad de cumplir con el requerimiento decretado por el magistrado, en virtud de que ellos mismos se determinaron pertenecientes a la comunidad indígena maya, como marca el principio de auto adscripción”
No hay que probar nada

En San José Tipceh, la trasnacional SunPower –mediante sus subsidiarias Vega Solar 1 y Vega Solar 2– tiene planificado “la construcción de megaproyectos fotovoltaicos que implicarían el desmonte de más de 500 hectáreas de selva y la instalación de más de un millón de paneles solares a tan solo 200 metros de la comunidad”, según ha denunciado públicamente la asamblea Múuch’ Xíinbal, que acompaña a los ejidatarios en este proceso.

Todo comenzó con una mentira a la comunidad: “Necesitamos tierras para cultivar estevia y limones”.

La llegada a Yucatán de los megaproyectos fotovoltaicos y eólicas –presentados por los gobiernos locales y federales como una promesa de bienestar económico y de empleos– ha recrudecido el despojo de las tierras de sus dueños legítimos.

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