Comunicado del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y el Colectivo de Semillas Nativas “Much kanan I’inaj”, con motivo de la reciente postergación de un fallo judicial que hubiera detenido el avance de la soya transgénica en tierras peninsulares.
Nuestras semillas, nuestros alimentos, están gravemente expuestos ante el avance de Monsanto
Bacalar, Quintana Roo, 22 de marzo de 2017.– Las comunidades mayas de la región Poniente de Bacalar, en Quintana Roo, estuvimos al pendiente de la sesión que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2017 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se atendería nuestra petición de amparo ante la Justicia de la Unión.
Nuestra lucha legal lleva ya casi cinco años y es contra el permiso que el gobierno federal otorgó a la empresa Monsanto para sembrar su soya transgénica en 253,500 hectáreas que abarcan varios estados del país, incluyendo nuestros territorios. Al final, los ministros han postergado la resolución del caso debido a que no hubo acuerdo sobre el proyecto de sentencia presentado, dejando el asunto en lista de espera.
La SCJN debe saber que cada día que pasa sin que este problema se resuelva, pone en riesgo la salud de nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestra autonomía y nuestra vida comunitaria, mientras que este retraso beneficia a la empresa.
A diferencia del caso de nuestros hermanos mayas de Campeche, en donde el permiso está suspendido por orden de la misma SCJN (sin que por esto se haya detenido la siembra de soya de manera ilegal), nuestro proceso judicial continuará SIN la suspensión del permiso para la siembra, lo cual nos deja nuevamente vulnerables ante los actos de autoridad inconstitucionales que hemos denunciado, cuyos efectos siguen causando agravios en nuestros territorios, deforestando nuestros montes y rociando sus venenos cerca de nuestras comunidades y cuerpos de agua.
Queremos pensar que la decisión de los ministros de postergar su resolución es positiva, ya que esto les dará tiempo para revisar con mayor detenimiento, tanto el conjunto de los alegatos promovidos, como los dos Amicus Curiae que fueron presentados (argumentos y sugerencias de expertos en la materia), para que puedan, entonces, reconsiderar y replantear el sentido de la sentencia que se alcanzaba a vislumbrar en el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González, el cual apuntaba a considerar una consulta limitada y no vinculante como único elemento de protección para quienes, más bien, hemos demandado desde un principio la cancelación del permiso.
Reconocemos el trabajo realizado en dicho proyecto donde se subraya la existencia de suficiente evidencia para considerar que la liberación de soya genéticamente modificada y el uso del glifosato que requiere ese cultivo pueden tener impactos significativos tanto para las comunidades involucradas, como para la preservación del equilibrio ecológico, la biodiversidad y el medio ambiente de donde habitamos; sin embargo, el proyecto no planteaba resolver el fondo del problema, que es el desamparo legal en el que nos encontramos todos los mexicanos por la falta de aplicación efectiva del Principio Precautorio en los términos actuales de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Las comunidades del Poniente de Bacalar y todos en la Península de Yucatán, seguiremos al pendiente de la nueva fecha en que se atenderá este asunto.
Aún creemos que la justicia puede ser la que detenga los excesos y abusos del poder y la que defienda la vida de los pueblos originarios de este país.– Bacalar, Quintana Roo, 22 de marzo.
