El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA) y el Ayuntamiento de Mérida protagonizan una polémica por el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI).
El TJFA sentenció y obliga, mediante embargos de cuentas bancarias, al Ayuntamiento de Mérida a pagar millones de pesos a 13 contribuyentes que demandaron que les devuelvan el dinero que pagaron por el ISAI (el 2% del valor de un inmueble) durante 14 años, de 1999 a 2012, basados únicamente en que en ese tiempo le faltó una firma –la del entonces tesorero estatal, Rafael Casellas Fitzmaurice- a la Ley de Hacienda de Mérida cuando fue publicada en el Diario Oficial del gobierno del Estado.
Con las sentencias y embargos del TJFA, el ISAI -concebido como impuesto para generar ingresos al Ayuntamiento de Mérida- se convirtió precisamente en lo contrario, en una tubería rota con una fuga de millones de pesos.
Con sus sentencias y embargos, el TJFA abrió la puerta para que más contribuyentes que pagaron impuestos, derechos y demás pagos establecidos en la Ley de Hacienda de Mérida durante 14 años demanden pagos millonarios a costa del erario de Mérida.
Porque si el TJFA ya declaró que esta ley fue ilegal, anticonstitucional, de 1999 a 2012, al sentenció al juzgar 13 demandas por el ISAI, todos los cobros establecidos en ella lo son, no solamente el ISAI.
Con base en esta declaratoria, el TJFA sienta las bases para que cualquier contribuyente en Yucatán se ponga a revisar las leyes y decretos publicados en el Diario Oficial del gobierno del Estado para identificar aquellas a las que les falte una firma para, entonces, demandar a cualquier Ayuntamiento y hasta al gobierno del Estado por algún cobro ilegal.
Por ejemplo, tenemos el caso del Ayuntamiento de Umán, hoy gobernado por el PRI, que no tuvo Ley de Hacienda desde enero de 2015 hasta el lunes 27 de abril, cuando se publicó en el Diario Oficial del Estado, en el cual se establece que “este decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán”. Entonces ¿todos los cobros hechos de enero al 27 de abril son ilegales?
Por si fuera poco, la publicación del decreto de la Ley de Hacienda de Umán para 2015 en el Diario Oficial sólo tiene las firmas del gobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello y del secretario de Gobierno, Roberto Antonio Rodríguez Asaf.
No tiene la firma del hoy tesorero estatal. Entonces, como sentenció el TJFA en el caso del ISAI en Mérida, ¿es ilegal esa ley de Umán y con ella todos los cobros establecidos en ella para generar ingresos al municipio?
