Feliciano Ucán y Angélica Ek, en La Haya
Greenpeace y apicultores mayas exigieron al gobierno mexicano que declare a la Península de Yucatán zona libre de transgénicos, dada la evidencia internacional que existe de los daños al medio ambiente y la salud ocasionados por el uso excesivo de agrotóxicos, como el glifosato, que estas semillas requieren.
Tras participar en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que se desarrolló en La Haya, Países Bajos el 15 y 16 de octubre pasados, Angélica Ek y Feliciano Ucán, apicultores mayas de Hopelchén, Campeche, señalaron que la oponerse a la siembra de transgénicos en su territorio es mantener su modo de vida, cultura, tradiciones y el vínculo sagrado con la naturaleza de las comunidades indígenas, que ya viven los impactos negativos de la siembra de soya transgénica.
Los apicultores expusieron frente a juristas internacionales el caso de Campeche, donde la huella de Monsanto ha provocado muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, pérdida dramática de masa forestal. De 2005 a 2015 se perdieron 59 mil 880 hectáreas de selvas muchas de las cuales están siendo cultivadas con soya y maíz. Lo anterior, está relacionado con los daños que provoca el modelo de agricultura industrial impulsado por la trasnacional y sus productos como los herbicidas a base de glifosato, que el año pasado fue catalogado como probable cancerígeno para el ser humano.
Los jueces del Tribunal Internacional contra Monsanto se manifestaron interesados en conocer más sobre el caso de los apicultores mayas y hacerse de más información para incorporar en sus conclusiones que serán presentadas el próximo 10 de diciembre.
“El gobierno mexicano debe escuchar las experiencias de agricultores y comunidades alrededor del mundo, como las expuestas en el Tribunal Internacional contra Monsanto, donde se presentaron evidencias de los daños que ha provocado esa empresa a través de los años y prohibir sustancias como el glifosato, el herbicida más usado en nuestro país, y que cuya presencia se ha detectado en cuerpos de agua de la Península de Yucatán”, dijo María Colín, asesora legal de Greenpeace.
“México puede prevenir que los graves daños del modelo agroindustrial sean mayores si se actualiza de manera inmediata el Catálogo Oficial de Plaguicidas –que no ha sido modificado en la última década– para prohibir el glifosato y evitar casos como los expuestos en el Tribunal por los representantes de Sri Lanka, quienes con evidencia médica se ha demostrado que miles de personas han sido afectadas por el uso de esa sustancia, entre ellos agricultores con deficiencia renal y personas enfermas que nunca estuvieron en contacto con ese compuesto”, añadió.
El Tribunal Internacional contra Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharon testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.– María Colín, Greenpeace; México, octubre de 2016.
