Fotografía de Indignación / Asamblea de vecinos y pobladores de Chablekal
Pobladores organizados de la comisaría de Chablekal (Mérida) tienen en jaque al Indemaya y al CDI Yucatán, a los cuales pidió hace seis meses que cumplan con su deber de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas que están siendo impunemente violentados con la venta de tierras ejidales, con la complicidad de las autoridades.
Al cumplirse un año de haberse erigido como la Unión de pobladores y pobladoras del pueblo de Chablekal (28 de agosto de 2014), la organización –ya reconocida en los tribunales federales– emitió a principios de septiembre un comunicado con la relatoría de un año de luchas legales para impedir que continúe la venta de tierras y que se le reconozca a los vecinos y pobladores su derecho de participar en la toma de las decisiones.
“Damos a conocer que actualmente muchos de nuestros pueblos mayas de Yucatán somos víctimas de despojos violentos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Los grandes empresarios de Mérida, junto con el capital extranjero, están acaparando todo nuestro territorio. Y peor aún es lo que pasa en otros estados de la república, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas. Y lo mismo que pasa en nuestro país, pasa en todo el continente”, advierte la Unión en su documento que puede leerse íntegro en la web de Indignación, cuyos abogados asesoran a los vecinos y pobladores.
En septiembre 8 de 2014, los vecinos y pobladores organizados ocuparon un espacio ejidal denominado Misné-Balam con la exigencia de que se les reconozca como pobladores con derechos del disfrute de la tierra que hasta entonces era considerada estrictamente ejidal. La oposición desde luego comenzó con el comisariado que “negó la existencia de mayas en esta comisaría” y encontró la misma resistencia ante las instancias agrarias, según comenta el presbítero Raúl Lugo en su post Chablekal y la independencia posible, en su blog Iglesia y Sociedad.
A pesar de la resistencia de las autoridades ejidales a esta solicitud, muchos ejidatarios se han unido a este movimiento y reconocen el derecho de los alrededor de 250 pobladores del derecho de un territorio donde “vivan” y “realicen” su cultura.
Para destrabar los procedimientos, la Unión dio un paso “más provocador” y acudió el 23 de abril de 2015 al Indemaya y al CDI para que estas instituciones gubernamentales mediaran en el asunto pero hasta el día de hoy ambas dependencias han guardado silencio. Los solicitudes fueron turnadas a nombre de los directores de Indemaya, José Nicolás Avila Cervantes, y de la CDI, Jesús Carlos Vidal Peniche.
La Unión precisa: Al Tribunal Unitario Agrario le “exigimos se reconociera nuestro derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. También exigimos que dicho Tribunal dictase las medidas precautorias necesarias para detener la venta de nuestras tierras”. Y más adelante añade: “La Unión de pobladores decidió pedir la intervención de estas instancias [Indemaya y CDI] ya que estas fueron creadas para salvaguardar y defender los derechos de los pueblos”.
Las solicitudes de la Unión son las siguientes:
- Le exigimos al ejido que paren las ventas de las tierras de nuestro pueblo. La tierra es de todos y todas.
- Que reconozcan el derecho que tienen todos los pobladores, avecindados, comuneros y posesionarios, sobre las tierras y seamos incluidos en la toma de decisiones. ¡El ejido tiene facultad para reconocernos! ¿Por qué se niega? El ejido al negarnos este derecho viola todos nuestros derechos humanos y nuestras garantías colectivas e individuales. Eso es un delito.
- Exigimos a la Procuraduría Agraria [del Estado de Yucatán] que deje de solapar todas esas ventas que se han hecho de manera ilegal y tramposa. Le exigimos que sea una autoridad que garantice el derecho de todas y todos. Su trabajo es procurar el derecho del pueblo.
- Le exigimos al Tribunal Unitario Agrario que admita nuestra demanda y deje de poner pretextos para su aceptación. Le recordamos al Tribunal Agrario que ya un Tribunal Federal ha reconocido la validez de nuestra organización. Que deje de defender a los empresarios y que defienda al pueblo. ese es su trabajo.
La lucha sigue y el final es incierto pero lo que ocurre en Chablekal es nuevo por estos rumbos y en opinión del cronista representa una estrategia interesante que otros ejidos podrían explorar para detener el voraz despojo de tierras que se realiza por medio de engaños y trampas legales que se tragan los ejidatarios con la complicidad de sus comisarios.
