El ejido de Ixil solicitó “el auxilio presencial de la policía estatal” de Yucatán para este viernes 22 de febrero, cuando celebrará una asamblea para zanjar asuntos delicados que no gustarán a terceros.
Con el fin de prevenir eventuales brotes de violencia en la asamblea programada, los asesores legales del ejido pidieron la presencia policiaca.
“Hay varias personas ajenas al ejido que están llevando un proceso ilegal de privatización y venta de nuestras tierras”, y es posible que luego de las decisiones que tomemos en la asamblea haya brotes de violencia, indica el comunicado.
La solicitud la recibió la Oficialía de partes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la mañana del miércoles 20 pasado. No obstante, como indica el sello de recibido, el haber recibido la solicitud no implica que será atendida la demanda.
Desde marzo de 2018, el ejido de Ixil quedó cautivo en manos de los abogados Alejandro Escoffie Gamboa y Mónica Isabel Pat Buendía, quienes toman decisiones por el ejido en virtud –dicen– de una carta poder recibida del ejido. La información más reciente que recibio el ejido de estos es que “ya no hay ejido. Todo ha sido parcelado y vendido”.
En una reunión de ejidatarios con el nuevo procurador agrario en Yucatán en fecha reciente, los dueños de tierras se quejaron de la alianza de empresarios con la policía estatal. “Cuando la policía va, va pero contra nosotros”, le refirieron.
En la asamblea de este viernes 22 se espera votar para apartar a estos abogados Escoffié Gamboa y Pat Buendía de los asuntos del ejido.
En la asamblea habrá observadores, asociaciones civiles, incluso un representante de la Comisión de los Derechos Humanos en Yucatán.
Ixil, cuyas tierras son codiciadas por influyentes especuladores, forma parte de un corredor que abarca también a Progreso y Motul.
En este tramo costero se tiene planificado construir un parque eólico que impactará de manera negativa en sus recursos naturales y su fauna, según han advertido especialistas.
