Por Raymundo Espinoza Hernández, abogado experto en Derecho constitucional y Amparo, asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Protagonistas en la lucha contra el ASPY. A la izquierda, el abogado Raymundo Espinoza
Ciudad de México, 22 de julio de 2018.– Cada vez que alguien escribe a favor del ASPY, alza la mano y se embarca más en un crucero que va directo al fondo del mar Caribe. Es su derecho hacerlo, pero también es su obligación hacerlo con responsabilidad.
Hasta que el Consejo Indígena Maya del Poniente de Bacalar, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, la asociación civil EDUCE y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales dieron a conocer los resultados de las sentencias emitidas por los tribunales federales, la opinión pública muy poco conocía del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY). No se había planteado una discusión abierta e incluyente de su contenido y la voz la habían tenido únicamente las autoridades involucradas en su elaboración y ejecución, las empresas interesadas en la articulación de los proyectos de inversión que supone el Acuerdo y las organizaciones que con su participación pretendieron legitimarlo en nombre de la sociedad, usurpando la representación de las comunidades indígenas que han habitado y ocupado ancestralmente el territorio en disputa, así como de los campesinos titulares de la propiedad social que delimita el ámbito espacial de validez de las acciones derivadas del Acuerdo. Cabría mencionar que el grueso de la población no indígena en la Península de Yucatán tampoco conoció y mucho menos tuvo oportunidad de participar en los distintos procedimientos de preparación o cumplimiento del ASPY. Gracias a los juicios es que la gente se ha enterado del ASPY y esto también es un triunfo de los mayas.
Las autoridades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las más de cincuenta empresas y universidades que impulsaron el ASPY y las ONG que se subieron al barco de los proyectos verdes están todas del mismo lado. Acostumbradas a pegar primero, confiadas de que su poder político y económico les garantiza impunidad y éxito en sus negocios por encima de la ley, los derechos y la ética, cuando la justicia federal resuelve juicios de amparo a favor del pueblo maya, desconcertados, no saben qué hacer y sólo pueden molestarse. Los comisionistas e ideólogos del ASPY no han dudado en manifestar su indignación ante el hecho absurdo de que los tribunales mexicanos amparen a comunidades indígenas frente a sus intentonas de articulación del capitalismo verde en la región.
No olvidemos que el Acuerdo fue gestado entre cuates. De eso no hay duda. Ahora que el negocio verde se les está poniendo negro seguramente la amistad está flaqueando, pues los empresarios, que confiaron la gestión del ASPY a las autoridades peninsulares y su legitimación social a las organizaciones civiles de la región, con toda razón le han perdido la confianza a sus gestores y voceros, incapaces de poner en vigor el vanguardista plan de inversiones diseñado por The Nature Conservancy, organización norteamericana con un largo historial de controversias por el mundo.
Los comisionistas e ideólogos del ASPY no han dudado en manifestar su indignación ante el hecho absurdo de que los tribunales mexicanos amparen a comunidades indígenas frente a sus intentonas de articulación del capitalismo verde en la región.
Las autoridades en la Península de Yucatán, particularmente cuando tienen que lidiar con colectividades étnicas o agrarias, insisten mucho en la inclusión, la participación y el diálogo. Sin embrago, cuando los mayas evidencian su simulación y las obligan jurídicamente a cumplir con sus obligaciones y hacer efectivas las garantías constitucionales que han violentado, resulta que ya no les parece tan buena idea eso de consultar a los indígenas y escuchar a las voces disidentes.
Ahora las autoridades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo no tienen más que tomarse en serio las sentencias y cumplirlas, por lo que están obligadas a generar las condiciones adecuadas para que los mayas de la Península, así como los miembros de otros grupos étnicos y comunidades equiparables, sean debidamente informados de los contenidos del ASPY y sus procedimientos, los proyectos que contempla y sus garantías. Igualmente, por primera vez el Estado mexicano tendrá que poner sobre la mesa y abrir el debate en torno a la economía verde y sus variantes, incluidas las estrategias de mitigación del cambio climático. Todos deberíamos festejar que la consulta indígena más amplia y profunda que se haya celebrado en México tenga lugar en la Península de Yucatán, así como que a través de ella se propicie el debate plural y objetivo entre científicos, antropólogos, economistas, sociólogos, abogados, ecólogos, ambientalistas y demás expertos en los temas que contiene el ASPY: patrimonio biocultural, paisajismo, propiedad intelectual colectiva, turismo verde, etcétera. Las autoridades tendrán que tratar a los mayas como sujetos y no simplemente como objetos de regulación. Tendrán que escucharlos y tomar en cuenta sus preocupaciones y propuestas.
¿Cuál es el problema con eso? Las sentencias no decretan la extinción de la lucha de clases ni del Estado, los mayas no dejarán de ser pobres ni los ricos tendrán que ponerse a trabajar para generar la riqueza que consumen. Al final, ¿qué les molesta tanto? Posiblemente no les haya gustado que los mayas pregunten por el dinero del Fondo, por sus fuentes, por su administración y transparencia, por su destino y fiscalización, por los nombres de las personas responsables. Quizás sólo se molestaron porque los juicios evidenciaron la forma desaseada en que también en la Península de Yucatán se ejerce el poder público a favor de intereses corporativos, en medio de una red de complicidades en donde hasta la sociedad civil organizada y la academia están metidas. Tal vez se trate únicamente de que los mayas cuestionaron su costumbre de mandar a la vez que decidieron dejar de obedecer. Claro, los impulsores y promotores del ASPY han sido desacreditados, violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y múltiples tratados internacionales válidos en nuestro país, le “partieron la madre” a los derechos básicos de indígenas y campesinos, usurparon representaciones trabajando en lo oscurito, y fueron evidenciados por hacerlo. Frente al sector privado quedaron como ineptos y en el escenario internacional quedaron como unos mentirosos. Esto también debe molestarles, aunque sea un poco.
Los impulsores y promotores del ASPY han sido desacreditados […] Frente al sector privado quedaron como ineptos y en el escenario internacional quedaron como unos mentirosos. Esto también debe molestarles, aunque sea un poco.
Por supuesto, las sentencias a favor de los mayas no equilibran la balanza: para eso haría falta expropiar a los expropiadores, desterrar a la casta divina junto con sus intelectuales orgánicos, reivindicar la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos originarios de México. La balanza sigue desequilibrada, y es que han sido siglos de saqueo, despojo y devastación. En un escenario así es imposible pensar en esquemas de negociación donde todas las partes ganen. Frente a la desigualdad obscena los esquemas de gobernanza ambiental y la promoción del diálogo intercultural son paliativos. La injusticia estructural y la discriminación sistemática no se resuelven simplemente negociando beneficios compartidos en alguna lengua autóctona. El triunfo de los mayas únicamente permite visibilizar una trama de problemas de larga data y le dan a las autoridades la oportunidad de enmendar su camino y recordar que su deber fundamental es velar por el interés público, no poner el aparato de Estado a la disposición unilateral de sus compadres y amigos en el sector privado. Las sentencias son un freno de mano para el capitalismo verde en la región, son una convocatoria para la organización social, pero también son una excepcional luz de esperanza en la justicia y sus operadores.– Ciudad de México; julio de 2018.
