A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Asunto: Amparo en Revisión 213/2018 y el respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas.
Península de Yucatán, 30 de octubre de 2018
Ministros:
Las organizaciones comunitarias mayas deYucatán: Buctzotz, Chapab, Cisteil, Homún, Maní, Tipikal, Mérida, Peto, Tahdziú, Xoy, Esperanza, Sinanché, Ticul, Yotholin, Valladolid, San Bernardino Seyé, San José Tipceh, Tebec, Chablekal, Tzucacab, Oxkutzcab, Conkal, Chemax, Dzonot Carretero. De Campeche: Calkiní, Iturbide. De Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto, Dziuche, Bacalar, José María Morelos, La Esperanza, La Presumida, Chetumal, Maya Balam, Tihosuco, organizadas en la Asamblea Maya en Defensa del Territorio Múuch’ Xíinbal y las organizaciones que nos acompañan, hemos sabido con profunda preocupación que el Ministro José Ramón Cossío Díaz presentó un proyecto de resolución para el Amparo en Revisión 213/2018 que valida la simulación de consulta llevada a cabo por el gobierno mexicano en relación al proyecto de parque eólico conocido como Eólica del Sur. Esta validación se propone pese de haber quedado plenamente probado que el gobierno emitió permisos y autorizaciones para el proyecto antes de que se concluyera la supuesta “consulta”.
Por la presente les hacemos llegar nuestro rechazo a estas simulaciones ilegítimas de “consulta”, que también estamos sufriendo como pueblo indígena Maya, y que provocan serios daños a nuestras comunidades y derechos colectivos.Si validan estas prácticas a través del proyecto de resolución presentado por el Ministro Cossío, estarán avalando la conversión de la “consulta indígena” en un mecanismo más de opresión y violencia estructural contra los pueblos y comunidades indígenas mexicanas. Esto profundizará la ruptura de nuestros pueblos y comunidades con el sistema de justicia mexicano y alimentará el conflicto ya existente con las estructuras del Estado. Les pedimos un esfuerzo serio para conocer y analizar mejor el caso: no podemos aceptar que tomen una decisión únicamente sobre la base de documentos presentados por SENER, desconociendo las realidades sociales y la violencia estructural generada por los permisos emitidos por el gobierno, como propone el Ministro Cossío. Un error de juicio tan serio tendrá graves consecuencias no sólo para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, sino para todos los pueblos y comunidades indígenas de México, y para nuestra relación con las instituciones del país.
Los pueblos y comunidades indígenas de México tenemos una experiencia histórica compleja y decepcionante con el sistema de justicia institucional.
Tras la Reforma Energética, el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE) comenzó a organizar subastas para asignar contratos de compraventa de energía. La mitad de los contratos en la primera subasta (9 contratos de un total de 18) fueron asignados a proyectos en el Estado de Yucatán. Como consecuencia, varias comunidades Mayas tienen experiencia directa con las consecuencias e impactos sociales generados por las autorizaciones, permisos y contratos emitidos por el gobierno, los cuales tienen consecuencias directas en sí mismos, generando violencia y presión sobre nuestras comunidades, y provocando enfrentamientos y la ruptura del tejido social.
Un caso paradigmático es el de San José Tipceh, un ejido en el municipio de Muna, donde empresas subsidiarias de SunPower planean dos megaproyectos fotovoltaicos. Estos proyectos obtuvieron contratos en la subasta de CENACE y permisos y autorizaciones de diversas instituciones (SEMARNAT, CRE, etc). Posteriormente se inició una simulación semejante a la de Juchitán, que ha derivado en fuertes enfrentamientos en la comunidad, incluyendo un intento de linchamiento, agresiones físicas y amenazas de muerte dirigidas contra personas opuestas al proyecto, así como en la renuncia a la participación en la “consulta” por la mayor parte de los miembros de la comunidad críticos con el proyecto (quienes temen expresar sus puntos de vista por miedo a las posibles represalias) y una ruptura violenta del tejido social comunitario. Al igual que en Juchitán, ninguno de estos terribles impactos requirió la construcción de un solo panel solar.
Un caso paradigmático es el de San José Tipceh, un ejido en el municipio de Muna, donde empresas subsidiarias de SunPower planean dos megaproyectos fotovoltaicos
En el caso de Eólica del Sur, el proyecto del Ministro Cossío afirma (numeral 330): “Si bien la consulta no se llevó a cabo antes de emitir la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental, ni el permiso que autoriza a generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, lo cierto es que la referida consulta sí se llevó a cabo antes de realizar el proyecto.” Este razonamiento es completamente falaz, pues la emisión de autorizaciones y permisos genera impactos por sí misma. Un proyecto autorizado genera expectativas e intereses que se manifiestan de forma violenta contra quienes se oponen al mismo. Asimismo, los permisos, autorizaciones y contratos comprometen al Estado,el cual en consecuencia pone todo su peso sobre las comunidades para obtener un proceso formal de “consentimiento” simulado, tolerando para ello la violación de los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades.
Esta presión es especialmente fuerte tras la firma de contratos de compraventa de energía, ya sea entre empresas privadas como en el proyecto de Eólica del Sur, o sea con empresas públicas como CFE, como en los proyectos en Yucatán. La retirada de un permiso o autorización ya concedido expondría al gobierno (y a los contribuyentes mexicanos) a multas multimillonarias a través de procesos de arbitraje internacional que permitirían a las empresas reclamar los beneficios no obtenidos debido a la cancelación de los permisos. La consecuencia de esto es una gran presión en los procesos de consulta, y la tolerancia del gobierno hacia actos de violencia y hostigamiento contra personas contrarias al proyecto.
Esto simpactos son derivados directamente de las autorizaciones, permisos y contratos emitidos por el gobierno, y hacen imposible un proceso de consulta de buena fe y libre de coacción.
Es por esto que el artículo 6.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la obligación de “consultar a los pueblos interesados (…) cada vez que se preveanmedidaslegislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. La emisión de estos permisos, autorizaciones y contratos son medidas administrativas que afectan de forma directa y devastadora a los pueblos que las sufrimos. Afirmar, como hace el proyecto del Ministro Cossío, que una consulta tiene carácter previo por haberse realizado con antelación al comienzo de las actividades de ejecución del proyecto, demuestra ignorancia o desinterés por las realidades sociales (incluyendo violencia y desintegración social) que tiene, en sí misma, la medida administrativa consistente en la emisión de permisos y autorizaciones.
Si aprueban el proyecto de Cossío, darán cobertura legal al atropello de nuestros derechos por parte del Estado mexicano y de intereses privados. Desacreditarán totalmente la práctica de la consulta en México, perdiendo la ocasión de convertirla en un mecanismo de garantía de derechos colectivos, y transformándola en una herramienta más para la opresión y el despojo de pueblos y comunidades indígenas.
El Amparo en Revisión 213/2018 involucra y afecta a todos los pueblos y comunidades indígenasde México, no solamente a Juchitán, y a todos los sectores, no solamente el energético. Para su resolución, esperamos de ustedes mucho más que un análisis superficial de la documentación presentada por SENER.Es fácil representar un proceso caracterizado por atropellos, violencia y amenazas como ejemplo de buenas prácticas. Les pedimos por favor que escuchen a los pueblos indígenas de México, que entiendan nuestras experiencias reales, y analicen la seria amenaza que el proyecto de resolución del Ministro Cossío representa para la paz social y la convivencia al interior de nuestras comunidades, para la defensa de nuestros derechos colectivos, y para la supervivencia de nuestras culturas ancestrales, íntimamente relacionadas con nuestros territorios.Es su responsabilidad tratar este asunto con la profundidad y seriedad que merece.
Los pueblos y comunidades indígenas de México tenemos una experiencia histórica compleja y decepcionante con el sistema de justicia institucional. En los últimos años se ha producido un reconocimiento creciente, aunque aún insuficiente, de nuestros derechos colectivos. La aprobación del proyecto de resolución del Ministro Cossío supondría un lamentable retroceso. Generaría una gran desconfianza y resentimiento de los pueblos indígenas con el sistema de justicia (no solo respecto a jueces específicos sino respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su más alto exponente), y alimentaría la conflictividad social y el rechazo a las instituciones. Tienen en sus manos la ocasión de evitar este triste desenlace, y de avanzar hacia un sistema de justicia más legítimo, justo e incluyente.
Atentamente,
Pedro Uc Be, Russell Pebá, Haizel de la Cruz, José Ic, Bernardo Caamal, Bernardino Canul xix, Carlos Dzul, Benjamin Chable Cauil, Lucio Cuxim, Artemio Moo Cauich, Severiano Gutiérrez, Marcelo Chan, Luis Alberto Cauich, Alma Balam, Marcos Cupul, Alfonso Hoil, Lorenzo Itzá, Eliseo Ek, Nehemías Chable, Indalesio Cauich, Juan Caamal, Juan Hu Puga, Miguel Kanxoc, Gregorio Hau, Elver Salazar, Aurelio Mugarte, María Jesús Barbosa, Wilbert Abraham Chi, Alberto Burgos, Raquel Flota, Maricris Martín, Aaron Sánchez, Jaime Roca, Alma Delia Kantun, Sandra Dzib, Gaspar Magaña,
Asamblea Maya en Defensa del Territorio Múuch’ Xíinbal
Las organizaciones que nos acompañan:
EDUCE Quintana Roo- Patricia López, Aula Verde AC- Verónica Rojas, CCMSS- Sara Cuervo, UNASSE AC- Consuelo Ramírez, Articulación Yucatán- Jazmín Sánchez, Red de Resistencia y Rebeldía Jo’- Martha Flores, (CEISC) Efraín Calderón Lara- Elvia Gibon.
Y las que sumen en formato digital en:
https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/apoya-con-tu-firma
