Una agencia de EE.UU. financia a consorcio mexicano “verde” que maniobra contra los pueblos indígenas

Posicionamiento de organizaciones comunitarias indígenas de México y sus aliados respecto al evento titulado “La dimensión social de la transición energética en México”, organizado por el consorcio CER y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Representantes de comunidades de Oaxaca, en protesta en Ciudad de México

Hemos sabido que el consorcio CER (formado por la Iniciativa Climático México (ICM), el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México), recibió 1.8 millones de dólares de USAID para llevar a cabo el proyecto titulado “Comunidades y energías renovables (CER)” y ha convocado el 14 de noviembre a un foro denominado “La dimensión social de la transición energética en México”.

Como comunidades del Istmo de Tehuantepec y de la Península de Yucatán, que somos directamente afectadas por el desarrollo de la transición energética, el tema nos incumbe directamente y consideramos necesario expresarnos colectivamente al respecto.

Rechazamos categóricamente este foro convocado supuestamente para “crear un espacio de reflexión y diálogo” sobre un tema que nos afecta directamente a los pueblos y comunidades indígenas, y sin embargo sí integra plenamente a empresas, consultores, ONG, instituciones y funcionarios públicos que llevan años violando nuestros derechos y despojándonos violentamente de nuestros territorios.

Este sesgo deriva no sólo de una visión miope de “la dimensión social” de la transición energética, sino una contradicción y afrenta, pues se utiliza el nombre de las comunidades y se habla en nuestro nombre cuando en realidad lo que se presenta es la visión del interés económico y la corrupción política.

Con este foro, el consorcio de USAID continúa promoviendo el modelo extractivista de transición a las energías renovables, que es completamente contrapuesto a los objetivos y valores de nuestros pueblos.

Protesta en la Ciudad de México contra las eólicas en el Istmo, en Oaxaca

El foro supone un ejercicio más de ingeniería social para crear “consenso” a favor de la continuidad (e incluso la aceleración) de un modelo que implica la destrucción de nuestras formas de vida, nuestra forma de entender la relación con la tierra y nuestros valores comunitarios contrapuestos al capitalismo.

Resaltamos que no nos interesa ser parte de estos espacios que discriminan a los pueblos y comunidades directamente afectadas por proyectos energéticos. Estos eventos solo convocan a los intermediarios que son cómplices en la violación de nuestros derechos humanos y que se atribuyen el “conocimiento” y la “representación” de los verdaderos actores sociales.

No estamos dispuestos a legitimar las conclusiones ya elaboradas porque serán solo parches hechos a la medida de sus propios intereses y de las empresas. USAID y otros agentes de la cooperación internacional deben respetar nuestra autodeterminación y entender que no son dueños de nuestros territorios para definir sobre el.

Reiteramos que estamos contra el modelo de transición impuesto en México, que está dirigido y protagonizado por las empresas privadas, y que implica que el control sobre nuestras tierras y territorios pase a manos de dichas empresas. Este modelo representa el origen del conflicto social y la profundización de la corrupción, la pobreza y otros muchos problemas que vivimos en nuestros territorios. Advertimos que el conflicto seguirá donde se imponga este modelo hasta lograr su abolición y la recuperación del control de las tierras por las comunidades indígenas.

Sabemos que la raíz de este modelo es el denominado capitalismo “verde”, al cual nos oponemos porque utiliza hasta el último metro cuadrado de nuestros espacios de vida para acumular riqueza en manos privadas bajo un falso discurso, sin importarle las terribles consecuencias que provoca en nuestro medio ambiente, cultura y tejido social.

Demandamos el fin de la invasión de nuestros territorios por empresas energéticas, y exigimos primeramente el derecho de cada pueblo y comunidad indígena a su autodeterminación territorial y energética. Esto requiere un cambio profundo del marco legal y de política pública que deje a un lado a las empresas que hasta ahora han monopolizado el sector, y que otorgue una base legal y operativa firme a nuestros derechos como pueblos indígenas.

No estamos dispuestos a entrar en un debate cuyo marco ha sido definido sin nuestra participación y que es controlado por los intereses de las empresas privadas. El “debate” planteado por el consorcio de USAID solamente sirve para legitimar y lavar la imagen de las empresas, y para intentar evitar los cambios profundos que son necesarios para que la transición energética sea “justa, ambientalmente coherente y respetuosa del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas”.

El consorcio de USAID se posiciona dentro del discurso de las empresas, simplificando el conflicto a la propiedad social y el ordenamiento participativo. Rechazamos frontalmente esta lógica perversa: el problema son las empresas y sus negocios con el estado, el crimen organizado y su modelo de negocio, que requiere la conversión de la tierra en mercancía. La USAID está impulsando el mismo discurso regresivo que las empresas, que pretende erosionar o desaparecer la propiedad social, convertir la tierra y los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos en mercancía y eliminar los mecanismos legales que protegen los territorios indígenas del mercado.

Cartel que se explica solo

Denunciamos el oportunismo de las ONG e instituciones académicas que participan en el proyecto CER de USAID, que llevan años lucrándose como supuestas “mediadoras” de un conflicto que pretenden distorsionar y manipular, apoyando iniciativas que benefician a empresas energéticas extractivistas, y capacitando a personas (muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas) para ponerlas al servicio de una ingeniería social perversa cuyo fin es arrebatarnos nuestros territorios y erosionar nuestras culturas. Adjuntamos en el anexo la trayectoria de los miembros del consorcio CER de USAID, y el papel activo que están jugando para facilitar la violación de nuestros derechos colectivos y el despojo de nuestros territorios y recursos.

Nos produce repulsión que se haya invitado a Katya Puga como “experta” en aspectos sociales de la transición. Durante su gentío dentro de la Secretaría de Energía, Katya Puga fue responsable de la concepción e implementación de la supuesta “consulta indígena” respecto al proyecto de Eólica del Sur. Ese ejercicio de violencia estructural contra la comunidad de Juchitán fue el campo de pruebas del desastroso modelo de ingeniería legal agresiva, que ahora está siendo implementado respecto a proyectos en todo el país y cuya legalidad está siendo analizada por la Suprema Corte este mismo día en qué estas personas están aquí sentadas decidiendo por nuestros pueblos.

Invitamos a las organizaciones solidarias a unirse a nuestro rechazo al foro de USAID y otros intentos de lavado de imagen del extractivismo energético.

¡Nunca más un México sin nosotros, sin nosotras!

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra

Territorio Asamblea de Defensores del territorio Maya Múuch’ Xiinbal

Articulación Social de Energía Renovable de Yucatán

Descarga AQUÍ el documento completo, incluyendo un anexo.

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