POR RUSELL Peba Ocampo, promovente del amparo contra el ASPY
Rusell Peba en un taller sobre Territorio e identidad maya en José María Morelos, Quintana Roo
Para nosotros los mayas recordar las enseñanzas que nos han dejado nuestros padres y madres es encontrarnos con nuestra propia historia. Es vivir la cultura desde lo más sagrado que tenemos que es la dignidad como pueblos originarios. Nos han enseñado que la tierra es nuestra madre que nos cuida y nos alimenta, los árboles son parte de la vida porque vivimos en armonía con ellos; el agua, el aire, los animales del monte, el sol, la luna, las semillas nativas como el maíz, los cenotes, los sitios sagrados y todo lo que existe en el planeta tiene un valor desde la existencia misma. Coexistimos, nos necesitamos para seguir viviendo, es por esto que para nosotros los mayas la naturaleza es la vida misma, no la podemos vender, no la podemos rentar; no puede ser un negocio verde como el gobierno y los empresarios le llaman. El valor de nuestra madre tierra no la entendemos como bonos de carbono, ni mucho menos puede estar supeditada a un valor comercial, no. Los mayas no lo entendemos así, nuestro territorio y sus recursos son sagrados.
En diciembre del 2016 se celebró Cancún, Quintana Roo, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente llamada COP 13, también conocida como la Conferencia de las Partes para la Biodiversidad. En un ambiente festivo y como un gran logro de avanzada por la supuesta conservación de los recursos naturales de la península, los gobernadores y secretarios del medio ambiente de Yucatán, Campeche y Quintana Roo firmaron el “Acuerdo para la sustentabilidad de la Península de Yucatán” (ASPY2030), acuerdo impulsado por un grupo de 50 empresas, que solo buscan un beneficio monetario en nombre de la conservación y sustentabilidad del medio ambiente, sin importarles si contaminan el agua, el aire, la tierra, las semillas nativas; sin importarles si nos despojan de nuestro territorio a los que históricamente habitamos en estas tierras mayas.
Lo más vergonzoso en la firma del ASPY son las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se vendieron al duopolio gobierno–empresa y lo hicieron recibiendo financiamiento para sus proyectos comunitarios a favor de la conservación del medio ambiente, incluso hasta organizaron foros y conversatorios apoyando el ASPY2030. No tienen vergüenza, no les queda nada de dignidad por si pensaban que la tenían. Son esas ONG que presumen de su defensa verde o turismo alternativo financiados por empresas trasnacionales o, en el peor de los casos, recibiendo las migajas-limosna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (Seduma); el duopolio gobierno–empresa secundados por sus ONG satélites aplaudieron este acuerdo de avanzada, pero cometieron un error de cálculo: “No consideraron que todavía hay mayas que no negociamos nuestra dignidad: por eso nos amparamos ante la justicia federal”.
¿Por qué nos amparamos contra el ASPY?
Este acuerdo, que mejor conocido con las siglas ASPY, viola nuestros derechos como pueblo maya que están reconocidos en el artículo 2 constitucional y en los acuerdos internacionales firmados y aceptados por nuestro país, tales como el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el ASPY se afirma que nosotros fuimos consultados previamente y que dimos nuestro consentimiento para su aprobación ¡No es cierto!: en el ASPY se hace referencia a nuestra cultura e identidad maya dentro del territorio como un simple paisaje biocultural, lo cual es profundamente ofensivo; el ASPY se redacta en un tono discriminatorio haciendo referencia a que nosotros los mayas seremos el atractivo turístico; el ASPY convierte en negocio verde y en bonos de carbono la naturaleza, lo que para nosotros es parte de nuestra vida para los empresarios será parte de sus cuentas bancarias; el ASPY solo está redactado en castellano, para muchos de nuestros hermanos mayas que solo hablan la lengua materna no hay posibilidad de conocerlo; por estas razones nos amparamos, porque no podemos permitir como pueblos mayas la legalización del despojo de nuestro territorio con el cuento de la economía verde, no podemos permitir que se vea como normal la injusticia social disfrazada de proyectos de desarrollo, no podemos seguir permitiendo las prácticas discriminatorias del duopolio gobierno–empresa. En esto consistió el amparo que interpusimos y con fundamentos legales, utilizando las leyes desde el derecho positivo les demostramos una vez más que no tienen razón, que lo único que se puede esperar de ese duopolio es la mentira como su práctica cotidiana.
El ASPY es el proyecto que materializa la mercantilización de la naturaleza y que busca convertir en un amplio negocio verde lo que aún nos queda en las comunidades mayas, a nivel nacional existe un proyecto privatizador más grande que se estará desarrollando de aquí al 2050, por eso tantos cambios legales en la Constitución Política que promueven la privatización de los recursos. No es raro escuchar que el petróleo de México ya no es de México porque lo controlan ya las grandes empresas extranjeras y eso es lo que quieren hacer los empresarios y el gobierno con los recursos que se encuentran en nuestros territorios, el despojo se está generalizando en todo el territorio nacional; a nivel local el ASPY (Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán) tiene trazado lograr sus metas hasta el 2030, no importa quién gobierne ni de qué partido provenga, el proyecto es privatizar y despojar de sus territorios a los pueblos indígenas.
Ramón Vera Herrera, Pedro Uc Be, Raymundo Espinoza Hernández y Russell Peba Ocampo, tras un taller sobre derechos humanos con ejidatarios de la comunidad de Blanca Flor, municipio de Bacalar, Quintana Roo
No es de extrañarse que en la prensa local se anuncie con bombo y platillo los grandes proyectos que se están desarrollando en la Península de Yucatán: siembra de semillas transgénicas que contaminan el medio ambiente con el químico glifosato (algunos estudios afirman que es cancerígeno), grandes parques eólicos y solares para la generación de corriente eléctrica que funcionarán dentro de amplias extensiones de tierras ejidales que serán deforestadas, muchas de estas empresas extranjeras ya cuentan con los permisos de la Secretaría de Energía (Sener) y también de la Seduma (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, que tiene como titular a Eduardo Batllori Sampedro); no es extrañarse que se le dé preferencia a las empresas a pesar de que contaminan recursos naturales, tal es el caso de la comunidad maya de Homún que en estos momentos está librando una batalla legal contra la imposición de un megaproyecto de cerdos, una granja para criar 45,000 cerdos aún contaminando los cenotes que representan una fuente de empleo para la comunidad y más aún, contaminando el manto freático, en todos estos casos el gobierno–empresas violan flagrantemente las leyes al no realizar una consulta que por ley debe ser previa, informada y culturalmente adecuada; son los mismos políticos que firman la puesta en marcha del ASPY con el argumento de conservar la naturaleza para beneficio de las comunidades mayas y son los mismos políticos que aprueban estos proyectos privatizadores que contaminan, despojan, destruyen; tienen una doble cara, una doble moral, ya vendieron su dignidad por unos cuantos pesos o por conservar su puesto en el gobierno, no tienen vergüenza.
A pesar de que nosotros, los promoventes del amparo contra el ASPY, tenemos una sentencia del tribunal federal a favor de los pueblos y comunidades mayas, no es suficiente; a pesar de que una vez más demostramos que la razón legal nos asiste y aunque en principio nos desecharon la demanda con el argumento de que no tenemos el interés legal ni jurídico, o sea no somos mayas, les demostramos con argumentos que no solo nos asiste la razón legal sino también la histórica.
Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer, sabemos que este camino va a estar lleno de espinas y dificultades, sabemos que es necesaria la organización de los pueblos para defender lo que nuestros abuelos y abuelas nos dejaron, para recuperar lo que nos han arrebatado injustamente; a pesar del amparo ganado contra el ASPY, aún falta la justicia para los pueblos mayas de la Península de Yucatán y de todo este doloroso país llamado México.– Ticul, Yucatán, 2 de noviembre de 2017.
