Magistrado agrario de Yucatán discrimina a pueblo maya, denuncia Múuch’ Xíinbal

Mérida, Yucatán, 28 de febrero (Comunicado de prensa de la Asamblea de Defensores de la Tierra Múuch’ Xíinbal).– A través del presente comunicado denunciamos públicamente a la multinacional extranjera SunPower, la cual, a través de la empresa Vega Solar, busca desconocer los derechos indígenas del pueblo maya de San José Tipceh, Yucatán, en pleno proceso de despojo de tierras ejidales, para la construcción de megaproyectos fotovoltaicos que implicarían el desmonte de más de 500 hectáreas de selva y la instalación de más de un millón de paneles solares a tan solo 200 metros de la comunidad, siendo este uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes del país.

El pasado lunes 25 de febrero de 2019 se tenía programada la celebración para audiencia de ley en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, en la que se esperaba tratar temas relacionados con el despojo de tierras ejidales al pueblo maya de San José Tipceh para la construcción de los mega proyectos solares Vega Solar 1 y Vega Solar 2, de la empresa Vega Solar, con relación a actas de asambleas y contratos con irregularidades.

Al iniciar la mencionada audiencia el representante legal de los demandantes opositores al megaproyecto pidió la participación de un traductor certificado, derecho constitucional que debe ser garantizado y al cual buscaban acceder los ejidatarios quienes requieren un traductor de español a lengua maya.

En respuesta a esta solicitud, y en un acto de clara discriminación, la empresa puso en duda la identidad de los demandantes y solicitó al juez cuestionarlos sobre su nivel de entendimiento del español, alegando que “no basta auto adscribirse comoindígena puesto que esa conciencia de identidad debe estar ligada a la comprobación de la existencia de la comunidad a la que pertenece”.

En este contexto, la misma empresa apunta en su Evaluación de Impacto Social la existencia de la comunidad maya de San José Tipceh en el municipio de Muna, en el cual, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015, el 80.54% de la población se autoadscribe como maya y siendo suficiente la autoadscripción para ser reconocido como tal, estando claramente señalado en el artículo 2 constitucional al decir que: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”, así como en la “Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado De Yucatán” (Decreto Número 407) en el artículo 2, fracción 3, cuando señala que indígena maya es: “la persona que habita en poblaciones del Estado de Yucatán o descienda del pueblo maya, y conserva en todo o en parte rasgos étnicos, culturales, lingüísticos y sociales de la Cultura Maya”.

De igual forma, cabe señalar que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Capitulo II, articulo10, se señala que: “El Estado garantizara ́́ el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar esé derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Pese a todos los antecedentes jurídicos ya mencionados, el magistrado Lic. Antonio Luis Betancourt Sánchez, quien presidía la audiencia, en un acto de claro beneficio a la empresa Vega Solar, cuestionó como fue solicitado a los demandantes mayas quienes respondieron que, aunque entienden español, su lengua original es la maya y quieren entender bien todo lo que ocurriera en el juicio, por lo que solicitaban un intérprete.

Sin embargo, el magistrado determinó otorgar a los demandantes tres días hábiles para exhibir constancia de pertenecer a una comunidad indígena maya para reconocerles el derecho a un traductor, acto que claramente viola la constitución de nuestro país. Señalando además que, en el caso de no poder otorgar la evidencia en ese plazo, no podría hacerse en un futuro, por lo que quedaría fuera la posibilidad de tener un intérprete en su lengua materna el resto del juicio. En esta forma arbitraria fue reprogramada la sesión para el día 15 de abril de 2019 a las 13 horas.

Por ello, con gran indignación denunciamos estos actos ante la comunidad internacional por ser un atentado contra los derechos indígenas y representar un insulto al pueblo maya, siendo un intento más por beneficiar a las grandes empresas multinacionales a costa de la violación a los derechos de las comunidades indígenas de este país.

Denunciamos de igual manera las amenazas efectuadas directamente contra los demandantes, antes y después de la mencionada audiencia, por parte de Adrien Pierre Mallet, identificado con pasaporte extendido por el gobierno de Francia y apoderado legal de la citada multinacional, la cual ha mantenido un doble discurso con sus inversionistas y la comunidad internacional ante los cuales se dice suscriptora de los derechos indígenas mientras que en los hechos niega el derecho más básico a las comunidades.

En su página web la propia empresa manifiesta: “SunPower es consciente de la necesidad específica de proteger los derechos de las personas indígenas y de las minorías en los países donde operamos; como tal, SunPower respeta los derechos de las comunidades y culturas locales e intenta reducir los impactos en sus formas de vida”.

Sin embargo, las repetidas y graves violaciones a los derechos de la comunidad indígena de San José Tipceh ya han llegado a los oídos del mundo causando alarma en la comunidad internacional, como consta en el informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en su reciente Informe de la Visita al país sobre “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México” donde manifiesta que: “En el municipio de Muna, Yucatán, las autoridades ejidales y ambientales autorizaron un parque solar que implicaría la construcción de más de un millón de paneles solares en territorios indígenas, sin consultar previamente a las comunidades mayas afectadas. Se alega que los contratos previos firmados entre el ejido y la empresa han afectado el carácter libre de la consulta y causado divisiones y conflictividad en la comunidad. Comuneros indígenas que han cuestionado irregularidades en el proceso han sufrido amenazas, difamaciones y agresiones.”

De esta forma la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Muuch’ Xiinbal” ́́exigimos el respeto a las leyes fundamentales que defienden nuestros derechos como comunidades indígenas mayas vivas y el alto inmediato a las amenazas ejercidas a los compañeros opositores a los megaproyectos solares Vega Solar 1 y Vega Solar 2. Invitamos también a la sociedad civil, en espacial a los medios de comunicación independientes a acompañar a los ejidatarios defensores del territorio en este proceso de defensa de la tierra y cultura, principalmente el judicial que se llevará a cabo el 15 de abril de 2019 a las 13 horas.

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