Cinco infracciones que deslegitiman al “tren maya”: carta a ONU-Habitat desde Yucatán

El colectivo Articulación Yucatán cuestionó a la directora ejecutiva de ONU-Habitat sobre la participación de ONU-Habitat México en el objetado megaproyecto llamado “tren maya”, y enumeró por lo menos cinco puntos que ponen en tela de juicio la legitimidad del proyecto gubernamental que presume llevará prosperidad al olvidado sureste de México.

“Pobladores indígenas en el suroeste de México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH) han señalado serias preocupaciones sobre la legitimidad del proyecto, citando vacíos de responsabilidades y transparencia en relación a la consulta indígena”, advierte el colectivo a la directora de ONU-Habitat Maimunah Mohd Sharif Directora.

Las preocupaciones principales son las siguientes:

UNO. El proyecto “tren maya” no ha cumplido con los requisitos señalados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Más de 665,556 personas indígenas viviendo en el área han sido privadas de acceso a información clara y científica sobre los impactos socioambientales del proyecto. (Por ejemplo, desde el anuncio de este proyecto, el mapa referente a la línea del tren ha cambiado sin haberse comunicado claramente a la comunidad.)

DOS. La Evaluación Ambiental y Social de los Impactos no ha sido transparente ni honesta acerca de la naturaleza del proyecto. Fonatur ingresó a evaluación apenas el 16 de junio pasado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la “fase uno”, enfocándose exclusivamente en la construcción y sólo en algunos segmentos de la vía del tren. Esta MIA no muestra que el TM es concebido y está llevándose a cabo como un proyecto desarrollista regional de reorganización territorial para incrementar el turismo masivo, el mercado inmobiliario y el comercio, lo cual tendrá implicaciones acumulativas. Asimismo, no considera el desarrollo de los nuevos desarrollos urbanos ni toma en cuenta “un territorio ya afectado por una cantidad de agronegocios, desarrollos inmobiliarios, turismo, y megaproyectos de energía que han surgido en los últimos años”.

TRES. Grupos locales han denunciado el nombrar el proyecto como “tren maya”, pues coopta y mercantiliza la cultura maya para favorecer al turismo y las economías extractivas. Ejemplos previos en la región –como el caso de Cancún, o casos específicos como el del parque eco-arqueológico Xcaret en Quintana Roo–, ilustran bien cómo el turismo privado y de masas ha despojado al pueblo indígena maya de su sustento, de su territorio ancestral, y de sitios sagrados.

CUATRO. Académicos y población local han expresado sus preocupaciones respecto a desalojo y derechos agrarios. El instrumento financiero propuesto para la reorganización de la tenencia de la tierra, el llamado Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (FIBRAS), despoja al propietario de la tierra del derecho a decidir sobre su tierra, independientemente del porcentaje accionario del terreno utilizado para la construcción, ya sea un hotel u otro negocio. Además, los residentes de la región temen desplazamientos y el flujo de migrantes de países de Centroamérica a la región sin una estrategia adecuada de integración sostenible. Esta preocupación emana de la afirmación de que el proyecto proveerá de miles de empleos, cuando no obstante la mayoría de estos empleos serán para las etapas de construcción, que tienen una duración limitada y sin una calidad laboral garantizada. Otras preocupaciones migratorias incluyen el incremento del tráfico de personas y de drogas, que suelen estar relacionados con el turismo masivo. Es consecuencia se hace necessario la realización de una Evaluación de Impacto Inmigratorio.

CINCO. Los riesgos ambientales son significativos. El “tren maya” atravesaría varias comunidades que son ya altamente vulnerables al cambio climático y ecosistemas que han sido reconocidos local, nacional e internacionalmente como áreas de conservación para salvaguardar la biodiversidad (flora y fauna). Esto tendría un impacto negativo en los servicios ambientales del área, tales como el manto freático de toda la Península de Yucatán.

Articulación Yucatán subraya que el “tren maya es un plan del Estado para el de desarrollo de infraestructura ferroviaria que travesará los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, abarcando un área de alto valor biocultural y población indígena. Implica una profunda reorganización territorial para la promoción del turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y de transporte, así como de almacenamiento y comercio de mercancías. El impacto y la escala de este proyecto son masivos, con ONU-H pretendiendo que el desarrollo del turismo duplicará la economía local y sacará de la pobreza a 1.1 millón de personas, con 945,000 empleos.

Recordó que “el 9 de junio se dio a conocer que Fonatur otorgó a ONU-Habitat 5.5 millones de dólares para dar apoyo sustantivo y técnico para la implementación del “tren maya”. En su sitio web, ONU-H asegura, “ONU-Habitat se encarga de brindar asistencia técnica a Fonatur en materia de ordenamiento territorial en los cinco estados por donde transitará el Tren Maya”.

Diversas organizaciones de derechos indígenas, académicos, organizaciones locales y nacionales han expresado preocupación y oposición al TM, alertando sobre la insostenibilidad socioambiental e ilegitimidad del proyecto. Por ejemplo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal considera que el TM es otro asalto en una serie de megaproyectos verticales construidos en la región que benefician principalmente a grandes empresas a expensas de las comunidades indígenas que ahí viven.

Articulación Yucatán considera que es urgente “una investigación exhaustiva del proyecto que incluya voces científicas y de la sociedad civil”. Asimismo, “información clara y pública de rendición de cuentas sobre la participación de ONU- Habitat en este proyecto”.

Con el fin de procurar un desarrollo realmente sostenible en la región, en un marco de justicia ambiental, se recomienda llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), con un modelo de participación local, de abajo arriba, para definir las opciones más adecuadas de desarrollo, coherentes con los ordenamientos territoriales ecológicos, con estudios y análisis de la capacidad de carga territorial y mediante un proceso participativo continuo y transparente con actores locales y transdisciplinarios.