Doble demanda contra dos funcionarios de Peto por violencia y amenazas a una mujer

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Un juez federal giró un citatorio a Samuel Castillo Yah, actual director de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Peto, para que explique por qué quiere apropiarse de la vivienda de una vecina, una mujer sexagenaria, enferma y con capacidades diferentes, informó esta noche el abogado Elvin Daniel Perera en una transmisión en vivo vía Zoom.

También fue citado para el caso al juez de paz de Peto, José Manuel Cigarroa Osorio, quien junto con Samuel Castillo Yah, forman “la pareja de poderosos” (con “poder” y acaso “con mucho dinero, no lo sé”, dijo Perera) contra quien se enfrenta la señora Rita María Moo, en un litigio bastante desigual, continuó el abogado.

Asimismo, se interpuso una demanda penal (en la 12ª. Agencia) contra estos mismos funcionarios, por violencia y amenaza de muerte.

La demanda se hace en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues las acciones de ambos han violentado moralmente a la mujer y mandado amenazarla de muerte, afirmó Elvin Daniel Perera.

Que un encapuchado haya ido a la casa de la señora para amenazarla de muerte demuestra el empecinamiento del funcionario por quedarse con la propiedad de la señora, señala. Es grave, precisa el profesional, pues a estas personas no les importa la condición de la mujer, de su parálisis, de su discapacidad, ni de su condición de mujer. Se trata, aseveró, de una violencia de género.

Creyente de la justicia, Elvin Perera afirma que esa época en que la gente se deja despojar sin defenderse ha quedado atrás, y que la justicia –contrario a lo que comúnmente se cree– sí existe pero hay que luchar por ella.

Por su parte, el abogado Benjamín Israel Hernández Peraza recordó que existen leyes internacionales que protegen a las mujeres y en situaciones como esta hay que echar mano de ellas.

Durante la transmisión en vivo “Situación legal y jurídica de la señora Rita María Moo, de Peto, ante el presunto despojo de su propiedad. Una mirada desde los profesionales en Derecho”, los profesionales destacaron el deber social de los abogados, especialmente de las nuevas generaciones, de la necesidad de involucrarse en esta defensa de personas sin recursos, lo que ­–recordaron– se llama trabajo pro-bono.

Rita María Moo, de 60 años, y Honorio Pereira, de 80 años, vecinos de Peto que luchan por no perder su vivienda a manos de un funcionario del ayuntamiento de Peto

El evento lo organizó y moderó el periodista comunitario Bernardo Caamal Itzá, quien dio a conocer el abuso que padecen la vecina y su esposo.

El calvario de la sexagenaria Rita María Moo comenzó en marzo pasado cuando acudió al H. Ayuntamiento para solicitar un apoyo para vivienda que a la sazón se estaba ofreciendo. “Si no hubiese llevado mis papeles, Samuel nunca se habría enterado de mi propiedad”, se lamenta la señora. Porque desde entonces el funcionario intensificó sus acciones (“artimañas legaloides”, según el abogado) contra ella. No ha quitado los ojos en la propiedad y ha echado manos a sus influencias para inmovilizarla legalmente, incluso en la Fiscalía del Estado.

En la agencia de la fiscalía de Tekax, refiere, doña Rita María Moo, al ir ella y su esposo a confirmar la validez de su documento, los funcionarios le respondieron que esa propiedad pertenece a Samuel Castillo Yah, que “no vuelva nunca más a esta instancia, que solo viene a hacer perder el tiempo de los trabajadores”.

El suceso más reciente ocurrió el domingo 22 de noviembre pasado, con la llegada de un enmascarado, “un joven como de 18 años” que sólo entrar preguntó: “Cuándo dejas la casa”. Y la amenazó de muerte de no salir de la casa.

El abogado Benjamín Hernández Peraza, docente de la Universidad Mesoamericana San Agustin, recordó que estos abusos como el que padece la vecina de Peto, es una realidad de siempre. Es una práctica institucional de muchos años, como sucede cuando mayahablantes se enfrentan a la justicia sin una defensa adecuada, sin un intérprete calificado, cometiéndose de este modo una violación a sus garantías y a sus derechos humanos.

El siguiente paso será con el H. Ayuntamiento de Peto, donde uno de la pareja deberá solicitar un documento que certifique su vecindad, pues careciendo de su credencial del INE no es posible ratificar la demanda penal interpuesta.

No debe haber problema en esta gestión de parte del H. Ayuntamiento, según el abogado. Pero en la eventualidad de que se le niegue el documento, entonces también se actuará legalmente.

Samuel Castillo Yah gobernó la villa de Peto de 1995 a 1998. Profesor indígena jubilado, con más de setenta años de edad, es director de Desarrollo Rural del actual ayuntamiento que encabeza Edgar Calderón Sosa. Una búsqueda en la web del municipio para confirmar el directorio de funcionarios fue inútil: el sitio está semivacío.

MayaPolitikon

Una web que publica informaciones relacionadas con los pueblos mayas. Editor: José Natividad Ic Xec

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